Un presidente político agarró a todo su gobierno para reunirlo en su ciudad natal. Una vez allí asistió a misa. Y con él todos los miembros de su gobierno. Y al final de la misa, en presencia de la Virgen patrona del pueblo, subió al pulpito del Altar Mayor y desde allí soltó un discurso político a los fieles que le miraban enchidos de orgullo por ver hasta dónde había conseguido llegar el hijo de la Cati y el Jaime.
Parece el relato de las peripecias de algún dirigente político de algún recóndito país sudámericano ¿Verdad? Pues lamento contarles que no. Que ese presidente se llama Pedro Antonio Sánchez. Y el pasado 7 de Octubre, Virgen del Rosario, reunió a su Consejo de Gobierno en Puerto Lumbreras, su pueblo natal que ese miércoles precisamente celebraba el día grande de sus fiestas patronales. Y tras la reunión del Ejecutivo se llevó a todos sus consejeros a misa. Faltaría más. Su pueblo tenía que verle rodeado de sus ministrines como les llaman en Asturias. Y al finalizar la misa el presidente pidió la palabra al cura, subió al púlpito del Altar Mayor y desde allí soltó
su particular arenga política.
Pedro Antonio Sánchez, con la iglesia llena a rebosar, relató a los feligreses que gracias a la insistencia de su alcaldesa, María Ángeles Túnez, el Consejo de Gobierno había acordado la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria como recoge el folletín municipal que paga el propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
Los feligreses casi se arrancan en aplausos al más importante político lumbrerense que han tenido con ese importante anuncio ante la Virgen del Rosario como testiga muda. Puede que aún no hayan descubierto que el Consejo de Gobierno de ese día no aprobó la construcción de ningún instituto en Puerto Lumbreras. Aprobó el techo de gasto y poca cosa más. Ni una sola referencia a un nuevo instituto de secundaria en la localidad como cuentan que dijo el presidente. Igual Pedro Antonio quiso decir que gracias a la insistencia de la alcaldesa, el Consejo de Gobierno estudiará, en algún momento de algún año de la legislatura, la construcción de un nuevo instituto en la localidad y los feligreses, impactados por la emoción de dar la paz a todo un consejero, no le entendieron bien. Normal. Ese día muchos lumbrerenses estaban anonadados por el boato y el séquito de todo un Consejo de Gobierno paseando por sus calles y yendo a misa como uno más.
Analizando el devenir de los acontecimientos y la velocidad con la que aumentan los imputados en las filas del PP, se entiende que Pedro Antonio Sánchez, un hombre de profundas convicciones religiosas, decidese encomendar la aprobación del techo de gasto a la Virgen del Rosario eligiendo precisamente ese día y ese escenario para aprobarlo. Va a necesitar ayuda divina para convencer a C's de que no ha incumplido ningún pacto de investidura porque "no hay ningún imputado por corrupción política en el PP" al entender el gobierno que la prevaricación es sinónimo de "error administrativo" aunque el Código Penal tipifique la prevaricación como un delito.
En una región en la que se han cargado cualquier atisbo de responsabilidad política intentan pervertir el lenguaje reduciendo la prevaricación a error administrativo cuando, en realidad, se trata del "incumplimiento de la ley a sabiendas" por parte de un funcionario o cargo público. Por eso precisamente se apellida administrativa.
Lamentablemente la memoria ciudadana es corta. De eso se valen muchos dirigentes políticos. Y por eso conviene repasar de vez en cuando la hemeroteca para comprabar que lo que el gobierno regional considera "simples errores de tramitación administrativa" tienen graves consecuencias penales. Es lo que tiene incumplir la ley a sabiendas.
El ex alcalde de Fuente Álamo, Miguel Pérez fue condenado en 2002 a dos penas de 7 años de inhabilitación cada una por sendos delitos de prevaricación administrativa. ¿Qué hizo? Contrató a dedo a dos empleados municipales.
El ex alcalde de Fuente Álamo, Miguel Pérez fue condenado en 2002 a dos penas de 7 años de inhabilitación cada una por sendos delitos de prevaricación administrativa. ¿Qué hizo? Contrató a dedo a dos empleados municipales.
El ex alcalde de Torre Pacheco, Daniel García fue condenado a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. ¿Qué hizo? Adjudicó contrados a dedo.
La ex alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo (PP) fue condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. ¿Qué hizo? No cerrar un bar ruidoso pese a las reiteradas denuncias de unos vecinos afectados.
El ex alcalde de Fortuna Matías Carrillo fue condenado en julio de 2011 por la Audiencia Provincial a 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y compra de votos. No abandonó la alcaldía hasta que el Tribunal Supremo no falló en su contra en octubre de 2012. El PP no le obligó a dimitir aunque había sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia.
En todos y cada uno de esos casos hablamos de prevaricación administrativa. La misma prevaricación que el PP de la región de Murcia y el gobierno de Pedro Antonio Sánchez no consdieran un delito de corrupción política sino "un error de tratamitación administrativa" que traducido significa para ellos "meter la pata, pero no meter la mano".
Pero como dice D. Mariano ¡¡¡Viva el vino. Y los chuches!!
