El teatro auditorio de Puerto Lumbreras, aquel que anunciaban tendría capacidad para 600 espectadores ampliable a 1.000, ESTÁ SIN TERMINAR.
Es un cascarón vacío por mucho que el ex-alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez reitere que está terminado al cien por cien
conforme al proyecto de ejecución. Un proyecto de ejecución que, por transparencia, ya
debería estar colgado en la web del consistorio con el párrafo subrayado en el que supuestamente dice que el
teatro auditorio quedará inconcluso por falta de presupuesto.
Lo cierto es que el proyecto modificado, en su página 10, dice claramente que se trata de “una obra terminada que tendrá su funcionalidad en el mismo momento de su recepción”. Un proyecto modificado, por cierto, que iguala en precio al proyecto inicial y que en ninguna de sus páginas dice que la obra se terminará en fases posteriores en función de la disponibilidad económica.
Finalmente todos los murcianos hemos pagado casi 6 millones de euros por un complejo cultural en Puerto Lumbreras cuyo principal edificio -el teatro auditorio- sigue en obras a falta de que, según Sánchez, algún día haya dinero y se puedan acometer nuevas fases para terminarlo "como sucede en cualquier obra pública". Eso sí. Sánchez ya se ha encargado de subrayar que “él no firmó la recepción de las obras de ese teatro auditorio” aunque “confía en que los técnicos que la firmaron hicieron bien su trabajo”. La recepción de obras expresa claramente que “se recibe la obra en perfecto estado de uso”. Pero nadie explica para qué uso está en perfecto estado. Tampoco explican si advirtieron a la Comunidad Autónoma de que con los 6 millones de euros no habría dinero suficiente para terminar la obra. Pero lo más importante ¿Algún técnico de la comunidad comprobó antes de justificar la subvención finalista que la obra estaba sin finalizar?
El TSJ va a admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y eso significará que aprecia indicios de criminalidad. Está bien documentada. Y se va a quedar con toda la causa. No es probable que parte de ella vaya a los juzgados de Lorca como hoy apunta un conocido columnista. Al menos eso ha pedido expresamente la Fiscalía. Y todo apunta a que el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez podría volver a ser imputado. Realmente la querella se ha presentado en un momento político “decisivo y decisorio”. Tan decisivo y decisorio como si la hubiese presentado dentro de dos meses en plena campaña electoral. Bien mirado la Fiscalía, cuyos tiempos no son los de la política, ha hecho un favor al PP de la región de Murcia. No es lo mismo querellarse contra un posible candidato que contra un candidato proclamado o un presidente investido.
Sánchez asegura que ha pactado con Garre y Valcárcel esperar al devenir de los acontecimientos judiciales para tomar decisiones. Garre ya ha expresado en privado su intención de cesarle si vuelve a ser imputado. Igual por eso Sánchez ha lanzado el mensaje de que “con 39 años no se tiene ninguna prisa”. Siempre podrá decir ahora que dimite porque no quiere someter a su familia a un calvario y seguir como diputado regional en la Asamblea hasta que escampe.
Pero dos son los escenarios posibles de esa hipotética destitución. Puede que Garre cese a Sánchez una vez proclamado candidato con lo que Garre arrancaría la precampaña electoral con un mensaje claro e inequívoco de regeneración política y compromiso contra la corrupción. Pero si lo cesa sin ser nombrado candidato, los partidarios de Sánchez pensarán que lo cesa para quitarse de en medio a un fuerte rival y el partido se dividirá aún más. Va a a depender de lo que tarde la Sala en designar ponente e instructor y éste en admitir o desestimar la querella. Entre 10 y 15 días posiblemente. Los plazos andan muy ajustados porque los candidatos serán nombrados por la dirección nacional del PP la semana próxima y el comité ejecutivo al que deberán acudir todos los candidatos se ha fijado para el 16 de febrero.
Y luego cabe preguntarse si en el caso de que se admita a trámite la querella, desde el PP de la región de Murcia acusarán también al juez de hacer suyos los planteamientos del Fiscal y del PSOE y “medir los tiempos para hacer el mayor daño posible al consejero Sánchez y al PP en precampaña electoral”. No cuenta Sánchez que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tardó cuatro meses en remitir la documentación requerida por la Fiscalía y que una pericial sobre las obras del teatro ha tardado cinco meses en estar finalizada. La justicia anda muy escasa de medios. De eso se valen muchos dirigentes políticos que luego piden celeridad.
Por otra parte las amenazas de Sánchez al fiscal jefe del TSJ le deslegítiman por sí solas para ser presidente de una comunidad. Son inadmisibles. No puede aseverar que confía en la justicia e inmediatamente arremeter contra la fiscalía que le investiga sugiriendo que el fiscal jefe podría estar saltándose la ley. Si es así Sánchez ya debería haber presentado una denuncia contra Manuel López Bernal. Lo único que va a conseguir Sánchez es una advertencia de la Fiscalía General del Estado para que deje trabajar a la justicia sin presiones ni injerencias. Al tiempo.
Por otra parte los insultos y ataques al Fiscal Jefe en las redes sociales por parte de destacados dirigentes del PP son vergonzosos. El diputado del PP en el Congreso, Teodoro García ha olvidado que como diputado representa a todos los murcianos. También a los que sí están de acuerdo con la actuación de la Fiscalía. Algo que también parece haber olvidado el director general de Recursos Humanos de la consejería de Educación, Enrique Ujaldón o la vicesecretaria general sectorial, Inmaculada González por no hablar del viceportavoz del grupo parlamentario popular, en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez a quien se le ha ocurrido la idea de acuñar el hashtag #YotambiénsoyPAS. Todos ven peligrar su futuro político si Sánchez no logra ser candidato y presidente. Jóvenes criados al calor de Nuevas Generaciones, sin trabajo al que volver y cuyo objetivo no es otro que hacer de la política su profesión por los años de los años. Y a vivir de los ciudadanos hasta la jubilación. Han demostrado que les falta madurez política y cultura democrática. EL RESPETO A LA JUSTICIA Y A SUS INSTUTCIONES NO ES ALGO QUE VAYA POR BARRIOS o en función de si nos beneficia o perjudica.
También convendría aclarar, por no retorcer el brazo de la verdad, que no son 15 denuncias contra Sánchez ni 12 años de calvario y acoso por parte del PSOE de Puerto Lumbreras. Sencillamente no es cierto y Sánchez lo sabe pero el discurso victimista cala y resulta más rentable. Incluye denuncias ante la Junta Electoral en época de elecciones por temas menores y denuncias en lo contencioso-administrativo por no facilitar a los grupos en la oposición la información y la documentación municipal a la que tienen derecho legalmente. Denuncias que el PSOE retiraba voluntariamente en cuanto recibía la información municipal solicitada.
Intuyo que los sobresaltos judiciales no han terminado para el PP. Podría suceder que el juez Manuel Abadía que instruye el caso de corrupción Novo Carthago, en cuanto reciba la pieza separara del Supremo, cite a declarar al ex presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel; quien ya no está aforado. Sus compañeros de grupo en Bruselas no parece que vayan a poner muchos impedimentos. Simpatía no le tienen porque ha dejado fuera de puestos clave a muchos compañeros para ser uno de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo. Él no podía ser un eurodiputado raso. En caso de que eso suceda en las próximas semanas, y es bastante probable, ¿dirá entonces que el juez Abadía está midiendo los tiempos para hacerle daño a él y al PP? ¿Dirá que es víctima de una campaña de acoso urdida por el PSOE y los jueces? ¿Dirá que es fruto de una conspiración? ¿Inventará algo para desprestigiar al juez Abadía de talante conservador?
Lo que sí parece seguro es que el diputado Víctor Manuel Martínez acuñará en twitter el hashtag #YotambiénsoyRamónLuis. Lo que no es probable es que consiga ser TT.
Pero como dice D. Mariano ¡¡¡Viva el vino. Y los chuches!!
Lo cierto es que el proyecto modificado, en su página 10, dice claramente que se trata de “una obra terminada que tendrá su funcionalidad en el mismo momento de su recepción”. Un proyecto modificado, por cierto, que iguala en precio al proyecto inicial y que en ninguna de sus páginas dice que la obra se terminará en fases posteriores en función de la disponibilidad económica.
Finalmente todos los murcianos hemos pagado casi 6 millones de euros por un complejo cultural en Puerto Lumbreras cuyo principal edificio -el teatro auditorio- sigue en obras a falta de que, según Sánchez, algún día haya dinero y se puedan acometer nuevas fases para terminarlo "como sucede en cualquier obra pública". Eso sí. Sánchez ya se ha encargado de subrayar que “él no firmó la recepción de las obras de ese teatro auditorio” aunque “confía en que los técnicos que la firmaron hicieron bien su trabajo”. La recepción de obras expresa claramente que “se recibe la obra en perfecto estado de uso”. Pero nadie explica para qué uso está en perfecto estado. Tampoco explican si advirtieron a la Comunidad Autónoma de que con los 6 millones de euros no habría dinero suficiente para terminar la obra. Pero lo más importante ¿Algún técnico de la comunidad comprobó antes de justificar la subvención finalista que la obra estaba sin finalizar?
El TSJ va a admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y eso significará que aprecia indicios de criminalidad. Está bien documentada. Y se va a quedar con toda la causa. No es probable que parte de ella vaya a los juzgados de Lorca como hoy apunta un conocido columnista. Al menos eso ha pedido expresamente la Fiscalía. Y todo apunta a que el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez podría volver a ser imputado. Realmente la querella se ha presentado en un momento político “decisivo y decisorio”. Tan decisivo y decisorio como si la hubiese presentado dentro de dos meses en plena campaña electoral. Bien mirado la Fiscalía, cuyos tiempos no son los de la política, ha hecho un favor al PP de la región de Murcia. No es lo mismo querellarse contra un posible candidato que contra un candidato proclamado o un presidente investido.
Sánchez asegura que ha pactado con Garre y Valcárcel esperar al devenir de los acontecimientos judiciales para tomar decisiones. Garre ya ha expresado en privado su intención de cesarle si vuelve a ser imputado. Igual por eso Sánchez ha lanzado el mensaje de que “con 39 años no se tiene ninguna prisa”. Siempre podrá decir ahora que dimite porque no quiere someter a su familia a un calvario y seguir como diputado regional en la Asamblea hasta que escampe.
Pero dos son los escenarios posibles de esa hipotética destitución. Puede que Garre cese a Sánchez una vez proclamado candidato con lo que Garre arrancaría la precampaña electoral con un mensaje claro e inequívoco de regeneración política y compromiso contra la corrupción. Pero si lo cesa sin ser nombrado candidato, los partidarios de Sánchez pensarán que lo cesa para quitarse de en medio a un fuerte rival y el partido se dividirá aún más. Va a a depender de lo que tarde la Sala en designar ponente e instructor y éste en admitir o desestimar la querella. Entre 10 y 15 días posiblemente. Los plazos andan muy ajustados porque los candidatos serán nombrados por la dirección nacional del PP la semana próxima y el comité ejecutivo al que deberán acudir todos los candidatos se ha fijado para el 16 de febrero.
Y luego cabe preguntarse si en el caso de que se admita a trámite la querella, desde el PP de la región de Murcia acusarán también al juez de hacer suyos los planteamientos del Fiscal y del PSOE y “medir los tiempos para hacer el mayor daño posible al consejero Sánchez y al PP en precampaña electoral”. No cuenta Sánchez que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tardó cuatro meses en remitir la documentación requerida por la Fiscalía y que una pericial sobre las obras del teatro ha tardado cinco meses en estar finalizada. La justicia anda muy escasa de medios. De eso se valen muchos dirigentes políticos que luego piden celeridad.
Por otra parte las amenazas de Sánchez al fiscal jefe del TSJ le deslegítiman por sí solas para ser presidente de una comunidad. Son inadmisibles. No puede aseverar que confía en la justicia e inmediatamente arremeter contra la fiscalía que le investiga sugiriendo que el fiscal jefe podría estar saltándose la ley. Si es así Sánchez ya debería haber presentado una denuncia contra Manuel López Bernal. Lo único que va a conseguir Sánchez es una advertencia de la Fiscalía General del Estado para que deje trabajar a la justicia sin presiones ni injerencias. Al tiempo.
Por otra parte los insultos y ataques al Fiscal Jefe en las redes sociales por parte de destacados dirigentes del PP son vergonzosos. El diputado del PP en el Congreso, Teodoro García ha olvidado que como diputado representa a todos los murcianos. También a los que sí están de acuerdo con la actuación de la Fiscalía. Algo que también parece haber olvidado el director general de Recursos Humanos de la consejería de Educación, Enrique Ujaldón o la vicesecretaria general sectorial, Inmaculada González por no hablar del viceportavoz del grupo parlamentario popular, en la Asamblea Regional, Víctor Manuel Martínez a quien se le ha ocurrido la idea de acuñar el hashtag #YotambiénsoyPAS. Todos ven peligrar su futuro político si Sánchez no logra ser candidato y presidente. Jóvenes criados al calor de Nuevas Generaciones, sin trabajo al que volver y cuyo objetivo no es otro que hacer de la política su profesión por los años de los años. Y a vivir de los ciudadanos hasta la jubilación. Han demostrado que les falta madurez política y cultura democrática. EL RESPETO A LA JUSTICIA Y A SUS INSTUTCIONES NO ES ALGO QUE VAYA POR BARRIOS o en función de si nos beneficia o perjudica.
También convendría aclarar, por no retorcer el brazo de la verdad, que no son 15 denuncias contra Sánchez ni 12 años de calvario y acoso por parte del PSOE de Puerto Lumbreras. Sencillamente no es cierto y Sánchez lo sabe pero el discurso victimista cala y resulta más rentable. Incluye denuncias ante la Junta Electoral en época de elecciones por temas menores y denuncias en lo contencioso-administrativo por no facilitar a los grupos en la oposición la información y la documentación municipal a la que tienen derecho legalmente. Denuncias que el PSOE retiraba voluntariamente en cuanto recibía la información municipal solicitada.
Intuyo que los sobresaltos judiciales no han terminado para el PP. Podría suceder que el juez Manuel Abadía que instruye el caso de corrupción Novo Carthago, en cuanto reciba la pieza separara del Supremo, cite a declarar al ex presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel; quien ya no está aforado. Sus compañeros de grupo en Bruselas no parece que vayan a poner muchos impedimentos. Simpatía no le tienen porque ha dejado fuera de puestos clave a muchos compañeros para ser uno de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo. Él no podía ser un eurodiputado raso. En caso de que eso suceda en las próximas semanas, y es bastante probable, ¿dirá entonces que el juez Abadía está midiendo los tiempos para hacerle daño a él y al PP? ¿Dirá que es víctima de una campaña de acoso urdida por el PSOE y los jueces? ¿Dirá que es fruto de una conspiración? ¿Inventará algo para desprestigiar al juez Abadía de talante conservador?
Lo que sí parece seguro es que el diputado Víctor Manuel Martínez acuñará en twitter el hashtag #YotambiénsoyRamónLuis. Lo que no es probable es que consiga ser TT.
Pero como dice D. Mariano ¡¡¡Viva el vino. Y los chuches!!
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