Desde el mismo día que la Fiscalía presentó su querella contra Pedro Antonio Sánchez por las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, un comando especial del PP empezó a analizar la manera de eliminar el contratiempo para que Sánchez no volviese a ser imputado antes de las elecciones de mayo y, por tanto, pudiese ser designado candidato. Los graves hechos que en ella se relataban no importaban. Que un fiscal atribuyera prevaricación continuada, malversación y fraude al actual consejero de Educación es una minucia irrelevante. Nene bueno. Fiscal malo.
A las pocas horas de la querella, Sánchez y Valcárcel ya barajaban la posibilidad de que la Sala del TSJ la remitiese a un juzgado de Lorca donde saben, con seguridad, que pueden pasar años antes de que Sánchez vuelva a ser imputado y dicho y hecho.
A las pocas semanas los magistrados de la Sala del TSJ, Juan Martínez Moya y Enrique Quiñonero, contra toda lógica legal dictan un auto remitiendo la querella a un juzgado de instrucción de Lorca para que investigue si el aforado Pedro Antonio Sánchez ha cometido algún delito. Y lo hacen obviando a sabiendas que la Ley dice que el TSJ es el organo competente para investigar a Sánchez por su condición de aforado y conociendo también que la carga delictiva de los hechos que relata el fiscal y atribuye al aforado es incuestionable. Precisamente por eso el auto de la Sala contó con el voto particular en contra del juez Manuel Abadía quuien, sin ningún género de duda, entiende que en la argumentación del fiscal ya constan indicios de criminalidad suficientes contra el consejero para iniciar la investigación en el TSJ.
Que los magistrados Martínez Moya y Quiñonero han tomado una decisión presuntamente prevaricadora es algo que resulta tan obvio y escándolso que la Fiscalía está dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias y, si es necesario, no dudarán en plantear a la Fiscalía General del Estado la necesidad de presentar una querella contra ambos magistrados ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación. De hecho hay dos párrafos en el recurso con los que la Fiscalía prepara el terreno y avisa de sus intenciones:
Segundo párrafo:
Resulta impensable pensar que Martínez Moya y Quiñonero hayan tomado una decisión injusta y arbitraria a sabiendas para favorecer los intereses políticos del PP y permitir así que Pedro Antonio Sánchez, tal y como quería Valcárcel, estuviese limpio para ser designado candidato. Impensable por su gravedad en un Estado de Derecho. Pero es una decisión tan arbitraria e injustificada que ha suscitado dudas en la ciudadanía que empieza a preguntarse si no habrá influido en su decisión que Martínez Moya sea vocal del CGPJ gracias al PP, que su suegro es concejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia o su cuñada sea la responsable de protocolo de la Delegación del Gobierno con Bascuñana. Es tan estrámbotica la decisión que los ciudadanos no pueden evitar preguntarse si no habrá pesado en la decisión de Quiñonero su amistad personal personal con Valcárcel desde hace años que se convirtió en juez por la vía del "cuarto turno".
Miguel Pascual de Riquelme, que era el delfín de Martínez Moya para presidir el TSJ de Murcia y por eso se ha impuesto a Andrés Pacheco y Pilar Alonso que le sacaban más de 1000 puntos en méritos, tendrá que decidir ahora si comienza su etapa al frente del TSJ con una querella contra dos de sus magistrados o vuelve a leer con atención la querella de la fiscalía y el recurso posterior antes de que la Sala del TSJ resuelva dado que la Sala ya lo está estudiando.
Por si no lo sabían, los delfines no son exclusivos de los políticos. También nadan en la judicatura y, como se ha podido comprobar, ganan imponiéndose a otros que posiblemente merecían más el puesto.
Es ABSOLUTAMENTE NECESARIO cambiar el sistema para garantizar la independencia del poder judicial en España. Así no podemos seguir.
Pero como dice D. Mariano ¡¡¡¡Viva el vino. Y los chuches!!!
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